Un grupo conservador influyente publicó recientemente un informe en el que pide a los estados que exijan a las escuelas públicas que cobren a los niños migrantes no acompañados y a los niños con padres indocumentados para inscribirse. La Fundación Heritage está gastando decenas de millones de dólares para elaborar un conjunto de políticas para un segundo mandato presidencial de Trump.
Esta medida “atraería una demanda de la izquierda”, afirma el informe, “lo que probablemente llevaría al Tribunal Supremo a reconsiderar su desacertada decisión en el caso Plyler v. Doe”, haciendo referencia a la sentencia de 1982 que consideraba inconstitucional negar a los niños la educación pública por su estatus migratorio.
Plyler ha sobrevivido ataques durante más de 40 años. Pero algunos expertos legales y defensores de los niños inmigrantes dicen que la nueva propuesta para debilitarla debe ser tomada en serio, dada la extrema retórica anti-inmigrante de Trump, el constante bombardeo de titulares sobre la “crisis de los migrantes” y la predisposición reciente de la Corte Suprema liderada por los conservadores a derogar precedentes legales establecidos.
Las políticas actuales de inmigración ilegal y la imagen que los conservadores, e incluso algunos liberales, han pintado de sobrecargar los recursos de los estados y las localidades, creo que es un factor enorme”, dijo Brett Geier, un profesor de la Universidad del Oeste de Michigan (Michigan Western University) que escribió un libro sobre las escuelas K-12 y el Tribunal Supremo. “Creo que este tribunal tiene el descaro de decir: Vamos a encargarnos de ello y derogarlo”.
Pero otros dicen que la verdadera intención es agitar a los votantes en un año electoral, y que el caso Plyler v. Doe realmente no corre peligro.
“Cada vez que hay elecciones, de repente el tema de la inmigración se convierte en un gran problema, y [oímos]: ‘Tenemos que hacer algo con estos inmigrantes, y deshacernos de ellos, y no pagar por su educación’”, dijo Patricia Gándara, profesora de investigación en la Escuela de Posgrado de Educación de la UCLA, que ha escrito mucho acerca de cómo la aplicación de las leyes migratorias afecta a los niños y las escuelas. “Después de las elecciones, el tema se esfuma”.
Cobrar la matriculación escolar en Texas condujo al fallo Plyler
Una proporción cada vez mayor de estadounidenses, y sobre todo republicanos, afirman que las políticas de inmigración son una de sus mayores preocupaciones en estos momentos. Y las cuestiones de inmigración están acaparando mucha atención en las elecciones presidenciales de este año.
Trump había hecho su campaña con una serie de políticas de inmigración de mano dura y restrictivas, como la deportación masiva de inmigrantes indocumentados y el fin del reasentamiento de refugiados. También ha asegurado falsamente que los niños inmigrantes han desplazado a otros niños en las escuelas públicas de Nueva York.
El enfoque en materia de inmigración se debe a que el país está viendo un aumento importante del número de inmigrantes que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México. Las autoridades federales contabilizaron casi 2,5 millones de personas que llegaron a la frontera sur el año pasado. Esto representa un aumento del 43% en comparación con dos años antes, aunque no todos fueron admitidos. Una cantidad cada vez mayor corresponde a familias con niños.
Más de tres cuartas partes de los estadounidenses consideran que lo que está ocurriendo en la frontera es un problema grave o una crisis, según una encuesta reciente del Centro de Investigaciones Pew. Casi una cuarta parte de los adultos estadounidenses dijeron que les preocupaba que el aumento de inmigrantes podría ser una carga económica para el país.
La Fundación Heritage (The Heritage Foundation) ha abordado estas preocupaciones en su informe reciente, titulado “Las consecuencias de la inmigración ilegal desenfrenada en las escuelas públicas de Estados Unidos”. En él, la organización critica el enfoque del Presidente Biden a las políticas de inmigración, diciendo que ha dado lugar a “un gran número de niños que no hablan inglés” que se matriculan en las escuelas públicas.
El documento cita ejemplos de escuelas de Texas que daban clases en los pasillos, y de una escuela secundaria de Brooklyn que hizo que los alumnos aprendieran virtualmente durante un día después de que la escuela alojara a familias migrantes toda la noche durante una tormenta.
En respuesta, la Fundación Heritage le está pidiendo a los estados que prohíban a las escuelas el alojamiento de inmigrantes indocumentados y que exijan a las escuelas que recopilen datos de matriculación de estudiantes por estatus migratorio “para que se puedan hacer unos análisis de costos con precisión”. Los estados deberían exigir a los distritos escolares que cobren a los niños indocumentados la matriculación para asistir a la escuela pública, sostiene el informe.
Fue precisamente esta práctica hace casi medio siglo -en el mismo estado que desobedece al gobierno federal al ocuparse de la aplicación de las leyes de inmigración- la que condujo al fallo del caso Plyler v. Doe.
Texas aprobó en 1975 una ley que impedía que las escuelas públicas recibieran financiación estatal para la educación de niños indocumentados y que los distritos podían prohibir a estos estudiantes que asistieran gratuitamente a la escuela pública.
Dos años más tarde, el distrito escolar independiente de Tyler empezó a cobrarle a los niños indocumentados mil dólares al año por asistir a la escuela — una suma que los funcionarios del distrito sabían que sería inasequible para las familias inmigrantes de la zona, que a menudo trabajaban en la famosa industria de rosas de Tyler, en plantas procesadoras de carne y en granjas.
“Creo que ninguna familia podría haber pagado eso”, dijo James Plyler, superintendente del distrito, a un periodista de Education Week en 2007. “Mil dólares en 1977 era muchísimo dinero, y la mayoría de esas familias que llegaron trabajaban por el salario mínimo”.
Cuatro familias cuyos hijos no pudieron asistir a la escuela demandaron a Plyler y al distrito escolar, y finalmente ganaron ante el Tribunal Supremo. En la opinión de 5-4 de la mayoría, el juez William Brennan escribió que no permitir a los niños indocumentados aprender a leer y escribir tendría un " impacto incalculable” en su “bienestar social, económico, intelectual y psicológico”. (Los jueces que disentían estaban de acuerdo en que era incorrecto que se negara la educación a los niños indocumentados, pero argumentaron que no era una violación constitucional).
Actualmente, la Fundación Heritage sostiene que los costos de la educación han aumentado demasiado y que los estados y las escuelas deberían poder recuperarlos. El gobierno federal podría ayudar, dijo Madison Marino, una investigadora asociada senior que es coautora del informe de la Fundación Heritage, o los padres o patrocinadores de los estudiantes indocumentados podrían pagar.
“Realmente no buscamos privar a estos niños de su educación”, dijo Marino. “Hacemos un llamado para que todos contribuyan”.
La mayor parte de las familias indocumentadas de hoy probablemente tendrían dificultades para pagar la matrícula escolar, al igual que en 1977. Y la ayuda federal parece poco probable. El Congreso está profundamente dividido sobre cómo financiar políticas de inmigración y si las escuelas necesitan más fondos a raíz de la pandemia, y el Departamento de Educación de EE.UU. ha destinado históricamente una pequeña fracción de su presupuesto a la educación de estudiantes que aprenden inglés y de estudiantes inmigrantes.
La campaña de Trump no respondió a una solicitud de comentarios sobre las propuestas de la Fundación Heritage para impugnar el caso Plyler, pero hay observadores que creen que el think tank(gabinete estratégico) desempeñaría un papel crucial en una segunda administración de Trump. Por otra parte, la campaña ha dicho que los grupos externos no hablan en nombre de Trump ni de su campaña, y que las recomendaciones políticas son sólo eso.
El traslado en autobús de inmigrantes a ciudades impulsa pedidos de ayuda federal
Quién se hace cargo de la responsabilidad financiera de la educación de los niños indocumentados ha sido un tema polémico de debate, especialmente en los últimos dos años.
En mayo de 2022, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que quería impugnar el caso Plyler v. Doe “porque los gastos son exorbitantes y los tiempos son diferentes” que en 1982. Le pidió al gobierno federal que cubriera los gastos educativos de los estudiantes indocumentados.
Desde entonces, Abbott ha enviado en autobús a más de 75.000 inmigrantes a seis ciudades dirigidas por demócratas que tienen ciertas políticas “santuario” que protegen a los inmigrantes.
Los estudiantes recién llegados pueden aportar muchas cualidades, desde la diversidad lingüística hasta el conocimiento de la vida en otros lugares del mundo, dicen los educadores, y algunas escuelas se han adaptado con éxito para satisfacer las necesidades de los recién llegados.
Pero muchas escuelas han tenido dificultades para hacerlo. Los estudiantes recién llegados no suelen hablar inglés y a veces han pasado meses o incluso años sin ir a la escuela. Muchos han sufrido traumas en su viaje a Estados Unidos o en su país de origen que pueden afectar a su formación escolar. Las escuelas carecen a menudo de profesores bilingües y de personal de salud mental para proporcionar ayuda. Y cuando llegan muchos estudiantes a mitad de año, la financiación estatal no siempre llega de inmediato, por lo que las escuelas tienen que arreglárselas con los recursos disponibles.
Muchos educadores y funcionarios locales han pedido a sus estados y al gobierno federal que proporcionen fondos adicionales para ayudar, con un escaso éxito. El proyecto de presupuesto del gobernador de Illinois no incluía fondos adicionales para estudiantes inmigrantes, y los fondos adicionales asignados en Colorado equivalen a menos de la mitad de lo que el estado gastaría normalmente por estudiante.
La impugnación de Plyler podría depender de cuestiones de gastos
Desafiar a Plyler sería difícil, dijo Thomas A. Sáenz, presidente y consejero general jurídico del Fondo Educativo y de Defensa Legal México-Estadounidense, que representó a las familias en el caso Plyler original. El fallo está ahora vinculado a otras leyes federales, así como a la protección de la privacidad de los alumnos de primaria y secundaria.
“No es como: ‘Oh, simplemente preparémonos para Plyler, y aprobemos una ley, e inmediatamente este Tribunal Supremo más conservador anulará la decisión del 82′”, dijo. “Ese análisis es demasiado sencillo”.
Pero hay formas en que Plyler podría ser vulnerable, dijo Amanda Warner, candidata a doctorado en la Universidad George Mason que analizó las impugnaciones anteriores al fallo. El Tribunal Supremo actual ha favorecido los derechos de los estados y una lectura originalista de la Constitución. Y en 1973, el Tribunal Supremo sostuvo que no existe un derecho constitucional a la educación.
Según Warner, se trata de una “deficiencia evidente” que podría ser aprovechada.
Otra vía para impugnar el fallo podría centrarse en las condiciones y los costos de la educación, y si éstos han cambiado lo suficiente como para justificar que se niegue a los niños indocumentados una educación pública gratuita.
En 1982, Texas argumentó que necesitaba hacerlo para proteger los recursos destinados a la educación de sus “residentes legales”. Pero el Tribunal Supremo rechazó ese argumento. Brennan escribió que los estudiantes indocumentados no imponían “cargas especiales” al sistema educativo de Texas, y que excluirlos de la escuela probablemente no mejoraría la calidad general de la educación.
El informe de la Fundación Heritage sostiene que la inmigración no autorizada, especialmente entre los niños que llegan sin sus padres, ha llegado a un punto en el que “se justifica un replanteamiento”.
El fallo original parece implicar que “existe un umbral” para que un estado demuestre que educar a estudiantes indocumentados es una carga financiera excesiva, dijo Warner. Pero no bastaría con demostrar que el costo de la educación es más alto.
Todo el dinero ahorrado por excluir a los niños indocumentados de la escuela tendría que contrastarse con el efecto dominó sobre las viviendas, los servicios sociales y el sistema de justicia penal. “Los costos se pueden asumir de muchas maneras”, dijo Warner. “¿Cuáles son los costos de tener a todas estas personas sin educación en Estados Unidos?”.
Queda por ver si se planteará un cuestionamiento serio. Marino dijo que ningún funcionario del estado se ha puesto en contacto con la Fundación Heritage para hacer realidad su propuesta.
Después de que Abbott planteara la posibilidad de impugnar a Plyler hace dos años, un legislador de Texas presentó un proyecto de ley que habría negado a los estudiantes indocumentados una educación pública gratuita, a menos que la pagara el gobierno federal. Pero a diferencia de 1975, la propuesta no llegó a ninguna parte.
Nicholas Espíritu, subdirector jurídico del National Immigration Law Center, dijo que si una propuesta de este tipo no podía avanzar en Texas, eso debería desanimar a otros estados a intentarlo.
“Tenemos la esperanza de que, aunque haya algunos murmullos por parte de la Fundación Heritage y de estados como Texas”, dijo, “al final los políticos lleguen a la misma conclusión y se den cuenta de que esta no es una postura que al fin y al cabo cuente con apoyo.”
Traducido por Flavia Melisa Franco
Kalyn Belsha es periodista nacional de educación con residencia en Chicago. Puede ponerse en contacto con ella: kbelsha@chalkbeat.org.
