Una nueva coalición está en alerta máxima ante las violaciones de una sentencia histórica del Tribunal Supremo que garantiza a los niños el derecho a una educación pública y gratuita independientemente de su estatus migratorio.
Conocida como Educación para Todos (Education for All en inglés), la campaña está trabajando para contrarrestar la retórica antiinmigrante y las propuestas políticas conservadoras que buscan limitar el derecho a la educación de los niños indocumentados, que está protegido por la decisión del Tribunal Supremo de 1982 Plyler v. Doe.
La campaña, lanzada en mayo, está sucediendo en un momento en el que la Fundación Heritage, un think tank (instituto de investigación) vinculado al expresidente Donald Trump, está presionando a los estados a que cobren a los niños indocumentados una colegiatura, o matriculación, para asistir a la escuela pública. Esto, según Heritage, podría llevar al Tribunal Supremo a reconsiderar la sentencia de Plyler.
Los que respaldan la idea dicen que el costo de educar a niños indocumentados ha aumentado demasiado y que los estudiantes inmigrantes están utilizando recursos que pertenecen a los estudiantes estadounidenses. Los críticos sostienen que estas políticas negarían a cientos de miles de niños el derecho fundamental a una educación — y puede conmover a toda la economía de la nación, la red de seguridad social, y el sistema de justicia penal.
Desde el 2022, legisladores de al menos cuatro estados han intentado aprobar dichas medidas. Algunos distritos ya han impuesto barreras que impiden a los recién llegados matricularse, mientras que algunos miembros de la junta de la escuela han sugerido recopilar datos acerca del estatus migratorio de los estudiantes.
“Queremos tomarnos todo en serio,” dijo Will Dempster, vicepresidente de comunicaciones estratégicas del Centro Nacional de Leyes Migratorias, que lidera la coalición. “Están poniendo a prueba los límites de lo que es posible.”
Unas treinta y seis organizaciones se han unido a la coalición, entre ellas grupos pro inmigrantes, defensores de la educación y asesores legales, y los dos sindicatos de docentes más grandes de todo el país. Su trabajo abarca a estados fronterizos como Arizona y Texas, y estados que han inscrito a una gran proporción de estudiantes migrantes en estos últimos años, como Nueva York, California, Colorado, e Illinois.
Juntas van a estar vigilando las reuniones del consejo escolar, presionando a los legisladores estatales, educando familias acerca de sus derechos, y asegurándose que los funcionarios escolares entiendan la decisión Plyler. La meta es “coordinar cuando surjan problemas en algún estado y estar listos para movilizarnos,” dijo Dempster.
En medio de las preocupaciones por los costos, las escuelas apoyan a los estudiantes migrantes
La coalición también se opone a las declaraciones de Trump y de otros políticos conservadores acerca de los niños migrantes recientemente llegados.
“Están tomando nuestras escuelas,” dijo Trump el mes pasado durante el debate presidencial. A comienzos de este año, Trump falsamente aseguró que los niños migrantes habían desplazado a otros estudiantes en las escuelas de la ciudad de Nueva York, aunque en realidad el distrito tiene cupos vacíos que está intentando ocupar.
Del mismo modo, en junio, el representante de los Estados Unidos Aaron Bean, un republicano de Florida, llevó a cabo una audiencia educativa llamada “Las Consecuencias del Caos Fronterizo de Biden para las escuelas K-12″ en donde habló acerca del costo “impresionante” de educar a niños indocumentados.
“Se requiere una cantidad importante de recursos para poder educar a niños inmigrantes ilegales, esto altera el entorno de aprendizaje de todos los estudiantes,” dijo Bean. “Aulas saturadas, la necesidad de tener nuevas instalaciones, y las proporciones de alumnos por maestro son sólo algunos de los desafíos.”
El señaló que Colorado le está otorgando a las escuelas unos 24 millones de dólares adicionales este año para ayudar a cubrir los costos de educar a estudiantes recientemente llegados, y un par de escuelas en Austin, Texas en dónde los maestros dieron clases en los pasillos después de que hubo un gran aumento en estudiantes refugiados.
A algunas escuelas les ha costado poder satisfacer las necesidades de los estudiantes inmigrantes recientemente llegados. Esto es porque frecuentemente no disponen de suficiente personal bilingüe o reciben financiación limitada para educar a los estudiantes inmigrantes.
En el 2022, el gobernador de Texas, Greg Abbot dijo que la sentencia Plyler debe ser reconsiderada “porque los gastos son descomunales” y él pidió al Gobierno Federal que pagara los costos de los estados. Un legislador en su estado intentó prohibir que los estudiantes se matriculen en las escuelas públicas a menos que el gobierno federal hiciera precisamente eso, pero el proyecto de ley no prosperó.
Propuestas similares estaban siendo consideradas en Utah, Oklahoma y Tennessee, pero ninguna pasó — lo que indica que la idea sigue siendo algo controversial, inclusive entre conservadores.
Las necesidades de los estudiantes recientemente llegados no son únicas. Muchos niños nacidos en los Estados Unidos también necesitan apoyo lingüístico, terapia especializada en traumas, o ayuda para ponerse al día tras una interrupción de los estudios. Y algunas escuelas se están esforzando capacitando al personal para que ofrezca apoyo adicional de salud mental o al agregar programas de verano para ayudar a los niños a que se acostumbren a la vida en los Estados Unidos.
La coalición también tiene previsto destacar los numerosos beneficios que los estudiantes inmigrantes pueden aportar a sus compañeros y a sus comunidades de la escuela.
“Una de las cosas que podemos hacer es demostrar que los estudiantes inmigrantes pueden ser exitosos cuándo se les da el apoyo adecuado,” dijo Liza Schwartzwald, directora de justicia económica y empoderamiento familiar en la Coalición de Inmigración de Nueva York que pertenece a Educación para Todos. “No se trata de niños que están poniendo en peligro nuestro sistema educativo”.
Trabas para la matriculación, la recopilación de datos podría violar los derechos de los estudiantes
Aún, inclusive sin las restricciones estatales oficiales, los niños indocumentados frecuentemente se enfrentan a barreras para matricularse en las escuelas, inclusive en estados liderados por demócratas.
- El verano pasado, el fiscal general de Nueva York supo acerca de políticas escolares qué hacían que fuese “difícil o imposible” que los estudiantes indocumentados se inscriban — probablemente violando las protecciones estatales o federales. Algunos distritos exigían a los estudiantes o a sus padres que proporcionaran sus tarjetas de identificación electoral, que no están disponibles para personas que no son ciudadanas, o amenazaban con ir a sus hogares si un estudiante no podía establecer su residencia con un contrato de alquiler, el cual puede ser difícil de obtener para las familias indocumentadas.
- En toda la ciudad de Nueva York, los jóvenes inmigrantes recientemente llegados se han encontrado con listas de espera o se les ha dicho que no hay cupos cuando intentaban matricularse en la escuela, City Limits informó. Por otro lado, algunos estudiantes de secundaria recientemente llegados han sido presionados a abandonar sus estudios cuando necesitaban más apoyo para graduarse.
- En Massachusetts, algunos distritos dijeron que no tenían previsto matricular a niños migrantes que viven en refugios temporales, hasta que el estado les dijera que tenían que hacerlo.
- Cientos de escuelas de docenas de estados recientemente dijeron a The 74 que no permitirían matricular a un estudiante venezolano de 19 años con un inglés limitado a pesar de que legalmente tenía derecho a matricularse.
Los miembros de la coalición están en alerta ante estos y otros ejemplos de escuelas que posiblemente estén violando los derechos establecidos en Plyler.
Alejandra Vázquez Baur, encargada de dirigir el National Newcomer Network, que incluye a 250 maestros, líderes escolares, defensores comunitarios, e investigadores de todo el país, dijo que los miembros comparten acerca de ciertas infracciones cuando se reúnen cada dos meses.
Su organización ha presentado denuncias federales de derechos civiles en nombre de los estudiantes o ha ayudado a que las familias las presenten por cuenta propia, aunque ella sabe que el proceso generalmente es muy lento para poder ayudar a un niño antes de que este decida matricularse en otra escuela o no matricularse en absoluto.
Tessa Petit, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida, dijo que su organización le está pidiendo a sus 80 organizaciones miembros a “estar alerta” ante posibles violaciones de Plyler. Eso incluye trabajar con socios que organizan estudiantes de secundaria para ver si han escuchado acerca de casos de niños indocumentados que no pueden matricularse para la escuela.
Están pendientes de las escuelas del condado de Sarasota después de que Bridget Ziegler, integrante del consejo escolar y cofundadora del grupo político conservador Mamás por la Libertad, hizo preguntas sobre la posibilidad de que el distrito podría recopilar datos de los estatus migratorios de los estudiantes.
“He escuchado tanto del personal como a los miembros de la comunidad en general acerca de preocupaciones de poder responder a las barreras lingüísticas, pero también de que se está convirtiendo en una carga más pesada de lo usual,” ella dijo durante una reunión del consejo escolar en marzo. “Es solo una percepción? ¿Hay alguna manera de evaluar eso?”
El plan de la Fundación Heritage pide a las escuelas que recopilen los estatus migratorios de los estudiantes para llevar a cabo un análisis de costos. Generalmente no hacen esto porque puede asustar a las familias y hacer que no envíen a los niños a la escuela, lo cual sería un incumplimiento de Plyler.
Simpatizantes de los estudiantes indocumentados trabajan para convencer a los votantes
La Coalición de Inmigrantes de Florida también está contactando a los sindicatos de docentes y a miembros del consejo escolar para informarlos acerca de este tema, y está reuniéndose con legisladores para que se comprometan a no apoyar leyes que puedan perjudicar a los estudiantes migrantes.
“Nos damos cuenta que hay mucha educación que tiene que llevarse a cabo”, dijo Petit. “La reacción que estamos teniendo es ‘No, guau, eso no sucedería.’ La gente ni siquiera puede concebir la idea de que los estudiantes no vayan a la escuela.”
La coalición nacional también está buscando estados o comunidades que estén dispuestos a aprobar políticas que apoyen los derechos educativos de los niños inmigrantes.
Un ejemplo es una ley reciente de Connecticut qué garantiza a las familias inmigrantes que los niños tienen derecho a la educación pública y que deberían recibir ciertos servicios de traducción.
Y La Coalición de Illinois pro Derechos de los Inmigrantes y Refugiados ha tenido conversaciones preliminares acerca de pasar una ley estatal con respecto a la decisión Plyler para que sea “sumamente claro” que los estudiantes indocumentados tienen derecho a una educación pública, dijo Fred Sao, abogado senior de políticas de la organización.
Además, la coalición está actuando de forma proactiva sin recurrir a los estatutos.
La organización de Vázquez Baur llevó a cabo entrenamientos acerca de cómo contar su propia historia estos últimos meses para ayudar a sus miembros a hablar de su trabajo con los estudiantes recién llegados. La idea es compartir las experiencias “en el territorio” en los meses previos a las elecciones presidenciales.
“Eso es lo que muchas veces hace cambiar de opinión a la gente,” dijo Vázquez Baur. “Para aquellas personas podrían estar tomando una decisión al votar que podría perjudicar a esta comunidad, contar estas historias y decir ‘Estos son tus vecinos’ — es impactante. Así es básicamente como estamos luchando.”
Traducido por Flavia Melisa Franco
Kalyn Belsha es una reportera nacional de educación senior basada en Chicago. Pueden ponerse en contacto con ella: kbelsha@chalkbeat.org.
