En sus discursos de campaña, Donald Trump hizo varias promesas con respecto a la educación. Propuso eliminar el Departamento de Educación de los Estados Unidos, promover las alternativas educativas disponibles para las familias, reducir las protecciones recientemente adoptadas para estudiantes LGBTQ y deportar a millones de inmigrantes indocumentados.
Ahora que el expresidente republicano ha asegurado un segundo mandato, surge la pregunta: ¿qué tan probable es que Trump lleve a cabo estas ideas y otras propuestas? Y, sobre todo, ¿qué impacto tendrán en estudiantes, maestros y padres dentro del aula?
A pesar de las promesas, la falta de propuestas de Trump en política educativa genera incertidumbre. Durante su primer mandato, varias ideas clave fueron mencionadas y no se implementaron.
Sin embargo, la rotunda victoria de Trump, que logró a través del voto popular, ganó en cada uno de los estados en disputa y el creciente apoyo entre los votantes jóvenes y de color, puede significar también la creación de nuevas oportunidades en el escenario político.
Según defensores, expertos, y exfuncionarios del Departamento de Educación entrevistados por Chalkbeat, es probable que Trump revierta los cambios en el Título IX de la administración Biden. Las modificaciones que ampliaron las protecciones para los estudiantes transgénero y que actualmente están siendo impugnadas en los tribunales, serán derogadas. También anticipan un enfoque distinto en la aplicación de derechos civiles y recortes en el presupuesto educativo.
Aunque coincidieron en algunos aspectos, discreparon sobre la probabilidad de que Trump logre eliminar el Departamento de Educación de los Estados Unidos y sobre el grado de apoyo federal para avanzar el derecho a la elección escolar.
La mayoría expresó que no espera que las políticas federales se concentren en mejorar la educación. Incluso cuando la realidad es que los estudiantes aún enfrentan dificultades para superar los efectos de los cierres de las escuelas durante la pandemia, el ausentismo crónico sigue siendo elevado y, que muchos graduados no tienen la preparación suficiente para enfrentar los desafíos de la universidad ni para acceder a empleos especializados.
“Nos encontramos en una situación alarmante, que tiene como resultado dejar sin educación a una gran cantidad de estudiantes”, indicó Thomas Toch, director fundador de FutureEd, un centro de investigación de la Universidad de Georgetown. “Estamos en un momento crítico”. Sin embargo, Toch no tiene expectativas de liderazgo por parte de la administración Trump.
La influencia republicana en el Congreso podría incrementar las probabilidades de que se lleven a cabo algunos de los proyectos de su agenda.
Los grupos conservadores a favor de los derechos de los padres y los defensores de la libertad de elección escolar celebraron la victoria de Trump como un triunfo para su perspectiva.
“¡Es hora de devolverle a los padres el control de la educación de sus hijos!”, escribió Tiffany Justice, cofundadora de Madres por la Libertad (Moms for Liberty), quien apoyó a Trump en su campaña, en la red social X.
Crece el apoyo para eliminar el Departamento de Educación
Probablemente, esta ha sido la promesa más consistente de Trump en cuanto a política educativa, aunque también la que parece más difícil de lograr para algunos analistas políticos. Los conservadores han hablado de eliminar el Departamento de Educación casi desde su creación, y Trump no dio pasos para desmantelarlo durante su primer mandato.
Desmantelar por completo el departamento requeriría una acción del Congreso. No obstante, Trump podría reducir su alcance de otras maneras, como eliminando o reubicando programas, despidiendo a burócratas de carrera y proponiendo presupuestos más reducidos.
Por su parte, Jim Blew, quien formó parte del Departamento de Educación en el primer mandato de Trump y luego fundó el Instituto de Defensa de la Libertad(Defense of Freedom Institute), aseguró que Trump ha sido firme en su intención de eliminar el departamento, y que esto, por sí solo, le da mayor “peso” a la idea.
Blew también considera que el apoyo público a la intervención federal en la educación está experimentando un cambio. Muchas personas piensan que la inversión federal en la recuperación del COVID no ha tenido grandes resultados, señaló. Al mismo tiempo, hay quienes perciben el enfoque de la administración Biden sobre los cambios en el Título IX y la eliminación de las deudas de los préstamos estudiantiles como ejemplos de exceso de intervención federal.
Según Blew, desmantelar el departamento tomaría meses, ya que cada función establecida por el Congreso tendría que reasignarse. Sin embargo, eso sería posible, afirmó. La ejecución de los derechos civiles podría trasladarse al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por ejemplo, y los fondos del Título I para las escuelas de mayor pobreza podrían transformarse en una asignación directa administrada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Trump ha dejado en claro que sus prioridades son la recuperación económica, la inmigración y la defensa nacional, señaló Blew. Sin embargo, eso no significa que no cumplirá con sus promesas en materia de educación.
“No es algo que necesite mucha atención”, comentó Blew. “Lo que realmente requiere es capital político, y él puede emplearlo sin descuidar otras prioridades”.
Repercusiones de la política migratoria en el entorno escolar
Trump basó su campaña en la estigmatización de los inmigrantes. Resaltó casos de delitos cometidos por personas indocumentadas o solicitantes de asilo y señaló cómo la inmigración afecta a las comunidades y escuelas estadounidenses.
Trump ha prometido llevar a cabo la mayor operación de deportación en la historia de los Estados Unidos. Sin embargo, expertos en políticas migratorias advierten que un esfuerzo de esta magnitud sería un desafío tanto legal como logístico, además de extremadamente costoso. Mientras tanto, la mayoría de los analistas prevé un aumento en las medidas de cumplimiento migratorio.
Las redadas laborales anteriores han tenido un impacto significativo en los estudiantes cuyos padres fueron arrestados, así como en la comunidad en general. Se estima que 4.4 millones de niños estadounidenses tienen al menos un padre indocumentado, y algunos exfuncionarios de inmigración de la administración Trump han sugerido, en esos casos, deportar a las familias enteras.
Mike Petrilli, presidente del instituto conservador de defensa educativa Fordham, opina que las políticas educativas de Trump probablemente no generen grandes cambios en las escuelas estadounidenses. Sin embargo, cree que su enfoque en materia migratoria podría tener consecuencias notables.
“Es su propuesta de campaña, su promesa, y tendría bastante margen para ejecutarla”, expresó Petrilli, quien ha sostenido que las escuelas de Estados Unidos tienen una responsabilidad moral y legal de educar a todos los niños que residen aquí.
“Las probabilidades de que sea una catástrofe humanitaria son bastante altas”, dijo Petrilli. “¿Va a meter a la gente en campos de concentración? ¿Incluirá eso a las familias? ¿Habrá escuelas en esos campos? No veo ninguna razón para creer que no intentarán hacerlo”.
Aunque la aplicación de la ley sea inconsistente, los cambios en la política federal tienen el potencial de crear confusión y caos en las comunidades locales, explicó Janelle Scott, profesora en la Universidad de California en Berkeley. Algunas familias podrían optar por no enviar a sus hijos a la escuela por temor, añadió. Los mensajes que las autoridades locales y los responsables escolares envíen a las familias en esta situación podrían ser decisivos.
Los estudiantes transgénero enfrentan pérdidas de protecciones por cambios en derechos civiles
Cuando la administración de Biden emitió nuevas reglas del Título IX, que aclaraban y fortalecían las protecciones para los estudiantes transgénero, los estados republicanos y los grupos conservadores reaccionaron rápidamente. Entre ellos, el Instituto Defensa de la Libertad de Blew(Blew’s Defense of Freedom Institute), iniciaron demandas que provocaron la suspensión de las reglas en la mayoría de los estados.
Los grupos conservadores sostuvieron que las nuevas reglas debilitan las protecciones para las niñas cisgénero, ya que podrían tener que compartir baños y vestuarios con compañeras transgénero. También alegaron que las nuevas regulaciones afectan la libertad de expresión de los maestros, quienes podrían verse obligados a usar pronombres y nombres aunque ellos no estuviesen de acuerdo. En su opinión, la administración Biden había excedido sus atribuciones al considerar la discriminación por identidad de género como una forma de discriminación sexual.
Se espera que Trump anule las reglas de Biden, un paso que aún requeriría un extenso proceso burocrático. Sin embargo, algunos observadores tienen preocupaciones más profundas sobre lo que podría traer una administración de Trump. Ha acusado repetidamente a las escuelas de realizar cirugías de cambio de sexo sin el consentimiento de los padres, una afirmación falsa y sin fundamento, ha atacado la idea del cuidado que afirma el género para los jóvenes, así como también la participación de los atletas transgénero en los deportes.
“Se han hecho afirmaciones absurdas con una carga de hostilidad profunda hacia los niños queer, así como acusaciones de que las escuelas están cometiendo abuso infantil al proteger los derechos de esos niños”, indicó Scott, profesora de la Universidad de California en Berkeley.
La primera administración de Trump también anuló las directrices implementadas durante la presidencia de Obama sobre disciplina escolar, cuyo objetivo era reducir las suspensiones y expulsiones de estudiantes de color y promover una resolución rápida de las quejas. Algunos grupos conservadores también han utilizado denuncias de derechos civiles para atacar programas que buscan apoyar la excelencia estudiantil de los estudiantes negros o apoyar el desarrollo profesional de los maestros de color.
“La implementación de los derechos civiles es uno de los temas que experimenta cambios considerables al transitar de administraciones demócratas a republicanas”, afirmó Jon Valant, director del Centro Brown de Políticas Educativas(Brown Center on Education Policy) en la Institución Brookings.
Rick Hess, investigador principal del Instituto Americano de Empresas(American Enterprise Institute), afirmó que bajo una administración de Trump, tanto el Departamento de Educación como el de Justicia podrían usar ciertas iniciativas de diversidad escolar como ejemplos prominentes para generar cambios en todo el sistema educativo. De manera similar a cómo la administración de Obama implementó medidas en torno a la disciplina escolar.
Según Valant, Trump probablemente seguirá apostando por los temas de la guerra cultural, aunque los detalles de cómo se llevarán a cabo siguen siendo inciertos.
La plataforma republicana propone retirar fondos a las “escuelas progresistas”, una idea que, según muchos observadores, incluso podría ser rechazada por los mismos republicanos, al considerarla una violación del control local. Sin embargo, el gobierno federal a menudo utiliza la financiación como un medio de presión, y los maestros ya han señalado que se autocensuran al abordar temas políticos polémicos.
Valant señaló que una administración de Trump podría dar mayor relevancia a ejemplos de lo que considere educación patriótica.
La libertad de elección escolar gana un leve impulso
En los últimos años, la ampliación de los fondos públicos para las escuelas privadas y la educación en el hogar ha sido una de las principales prioridades de la agenda educativa conservadora. Un programa propuesto de becas a través de créditos fiscales federales, respaldado por la primera secretaria de Educación de Trump, Betsy DeVos, no logró ganar impulso. Sin embargo, durante la presidencia de Biden, los estados liderados por republicanos han ampliado o comenzado programas de elección escolar privada, algunos de los cuales ofrecen dinero a casi todas las familias interesadas.
Trump prometió firmar una legislación sobre la elección escolar y promovió la elección escolar durante su campaña.
Blew cree que Trump insistirá en una propuesta de becas con crédito fiscal, siguiendo el modelo presentado en su primer mandato.
Petrilli no está convencido de que a Trump le importe tanto. “Es una exageración decir que lo ha convertido en una prioridad durante la campaña”, dijo. “Si hasta hay que recordarle que hable de ello”.
Petrilli también cuestiona si habrá suficiente apoyo, incluso con un Congreso republicano, para que un proyecto de ley llegue a las manos de Trump. Algunos republicanos rurales, cuyos electores tienen pocas opciones de escuelas privadas, son escépticos respecto a esta propuesta. Lo mismo ocurre con los conservadores que defienden un gobierno limitado y se oponen a la expansión de los programas federales.
A pesar de esto, el Congreso deberá aprobar nuevamente los recortes fiscales de Trump, y un crédito fiscal que permita a las empresas e individuos deducir las donaciones a becas para escuelas privadas podría ser agregado. También existe la posibilidad de que un crédito fiscal para becas sea incorporado al presupuesto mediante el proceso denominado “reconciliación”.
Los expertos prevén un impulso para permitir que las familias utilicen los fondos de las cuentas 529, que cuentan con beneficios fiscales, para financiar la educación en casa, las tutorías y otros gastos educativos. En la actualidad, estos fondos ya están disponibles para el pago de matrícula en escuelas privadas.
Traducido por Flavia Melisa Franco
Erica Meltzer es la editora nacional de Chalkbeat y está basada en Colorado. Puede ponerse en contacto con ella enviando un mensaje a emeltzer@chalkbeat.org.
