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Abram Sisneros estaba entusiasmado por ir al Kinder en la misma escuela de su hermano, y donde había recién completado dos años de preescolar.
Pero en una reunión antes del comienzo de clases, a sus padres les dijeron que Abram, que tiene Síndrome Down, necesitaba más servicios de los que esa escuela podía ofrecer. Por lo tanto, no podría asistir a la escuela que sus padres habían seleccionado.
El distrito pudo rechazar a Abram porque la ley de opción de escuelas de Colorado (la cual permite que la mayoría de los estudiantes asistan a cualquier escuela que tenga cabida para ellos, no importa donde vivan) también permite que los distritos escolares rechacen a un estudiante discapacitado si sus administradores dicen que la escuela no puede satisfacer las necesidades educativas de ese estudiante en particular.
Una querella presentada ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de Estados Unidos alega que la ley estatal permite que los administradores escolares discriminen contra estudiantes discapacitados y que pasen por alto los requisitos federales de derechos civiles cuyo propósito es protegerlos.
“La ley que permite seleccionar una escuela no parece discriminatoria a primera vista, pero si uno la analiza en el contexto de educación especial y lo que les están diciendo a las familias, y cuáles familias no pueden matricular a sus hijos en la escuela de su preferencia, entonces se vuelve problemática”, dijo Emily Harvey, líder de defensa de adolescentes de la organización Disability Law Colorado y la principal autora de la querella.
Harvey dice que frecuentemente se entera de familias como los Sisneros. En muchos casos, los estudiantes rechazados tienen planes de educación especial que piden un nivel relativamente bajo de servicios y pasan la mayor parte del tiempo en los salones de educación general, dijo ella. La ley estatal no les da muchas opciones a las familias porque la capacidad de decisión de los administradores es sumamente amplia.
“Fue bien difícil tener conversaciones con los padres cuando un distrito escolar cita la ley de opción escolar para decirles por qué se les está negando matricular a su hijo(a) y sienten que él o ella no tiene opción escolar disponible por tener un IEP” señaló Harvey. “No queremos que los padres se sientan impotentes”.
Los programas de educación individualizada, o IEP, describen las necesidades y metas educativas de los estudiantes discapacitados y qué servicios necesitan para tener éxito en la escuela. Por otro lado, algunos estudiantes tienen planes 504 si califican para ayuda adicional en virtud de otra sección de la ley federal.
En lugar de pedir investigaciones separadas de casos individuales, la querella busca cambiar la ley de opción escolar a nombre de todos los estudiantes de Colorado y nombra a la Junta de Educación Estatal, a la Comisionada de Educación Katy Anthes, y al Departamento de Educación de Colorado como las entidades que discriminan porque son quienes supervisan el sistema de matrícula abierta.
Dana Smith, portavoz del Departamento de Educación de Colorado, dijo que sus funcionarios están al tanto de la querella y de las inquietudes señaladas por Disability Law Colorado, y que el departamento está trabajando para encontrar una resolución.
El año pasado, Colorado cambió las reglas en cuanto a cuándo las escuelas pueden preguntar sobre la discapacidad de un estudiante y en respuesta a una querella anterior de Disability Law Colorado, alentó a las escuelas a acomodar a los estudiantes en los programas que seleccionaron.
El departamento no tiene autoridad sobre cómo los distritos operan sus sistemas de matrícula abierta, dijo Smith, pero sí revisa las querellas.
La Oficina de Derechos Civiles todavía no ha abierto una investigación y tiene varios meses para decidir si lo hará.
La querella menciona leyes federales que indican que, antes de rechazar a un estudiante, las escuelas demuestren que acomodarlo representa una carga excesiva o requiere cambios fundamentales en un programa educativo. El mismo estándar debe aplicarse al sistema de matrícula abierta, dijo Harvey, en vez de permitir que los administradores decidan que una escuela no cuenta con los recursos apropiados.
La ley de opción escolar también permite que las escuelas rechacen a estudiantes que hayan sido expulsados de otra escuela. La querella menciona que los estudiantes con discapacidades son expulsados con mucha más frecuencia que sus compañeros, y esto limita aún más su habilidad para acogerse a la opción escolar.
Los defensores quisieran ver un proceso de querella más robusto que permita que los padres apelen las decisiones de matrícula y requiera que las escuelas sean más específicas en cuanto a la razón por la que no pueden atender a un estudiante en particular. Además, para calcular los fondos estatales, ellos quieren que las escuelas lleven cuenta de cuáles estudiantes quedaron sin matricular después de haberlos contado.
Harvey dijo que contar con más fondos para los estudiantes de educación especial sería de mucha ayuda. Las escuelas reciben dinero adicional para atender a estos estudiantes, pero la cantidad no cubre el costo por completo.
Rachel Hersch, estudiante recientemente graduada de derecho y miembro de Disability Law Colorado, analizó los datos del estado y descubrió que el porcentaje de estudiantes con discapacidades varía ampliamente entre las escuelas, a pesar de que la mayoría de ellos pasan sus días en los salones de clases regulares.
En casi todos los 16 distritos escolares que Disability Law Colorado estudió, las cinco escuelas con la matrícula más alta de estudiantes con IEP son escuelas de la comunidad y las cinco con la matrícula más baja tienen un estudiantado en que todos o la gran mayoría de los estudiantes están amparándose en el proceso de selección escolar (school choice). Esas escuelas de preferencia, que son más atractivas para las familias, incluyen escuelas chárter y escuelas del distrito que ofrecen programas especializados en arte, matemáticas y ciencias, o aprendizaje basado en proyectos.
Los padres de Abram, Anthony y Sarah Sisneros, habían visto a su hijo mayor progresar en el modelo basado en proyectos y práctica de su escuela, y pensaron que también sería una excelente opción para Abram.
Los Sisneros dijeron que les tomó por sorpresa escuchar que Abram iba a necesitar muchos más servicios de los que estaba recibiendo en el preescolar o que lo que ellos pensaban que necesitaría. El distrito les dijo que su única opción era matricular a Abram en un programa segregado en la escuela de su comunidad.
“Hasta ese punto, el proceso de school choice ha sido bueno para nosotros porque la escuela de nuestra comunidad es una de las de menos desempeño del distrito, y la escuela en donde está matriculado nuestro hijo mayor es una de las mejores”, dijo Sarah Sisneros.
“Estamos realmente convencidos de que él no necesita estar en un salón segregado de educación especial. Queremos que participe completamente con sus compañeros, y todas las investigaciones han demostrado que los niños con Síndrome de Down que están en programas inclusivos tienen un mejor desempeño académico.”
La familia pidió que no se mencionara el nombre de la escuela ni del distrito porque todavía tienen esperanza de llegar a una resolución y porque quieren que la atención se enfoque en la ley estatal.
A Abram le va bien en un salón de educación general en una escuela católica cercana en donde Sarah Sisneros aceptó un trabajo de maestra para poder decirle a su hijo “estamos en esto juntos”. Tomó meses explicarle a Abram que no iba a asistir a la escuela con su hermano, ya que él llevaba mucho tiempo esperando por eso, y al hermano mayor le ha costado mucho entender por qué su escuela no acepta a Abram.
Los niños en la escuela anterior todavía peguntan por Abram y por qué él no está en la escuela con ellos.
Una niña le preguntó a Sarah Sisneros si la razón es “porque él se ve raro o algo así”.
Sarah Sisneros dijo que es desgarrador que la escuela haya perdido la oportunidad de enseñarles a los estudiantes sobre la inclusión.
“La palabra ‘discapacidad’ nubla la mente de las personas, y nadie les da oportunidad a estos estudiantes”, dijo. “Los estudiantes no tienen que ganarse su lugar en una escuela. Todo estudiante debe ser valorado”.
Lee la querella completa aquí.
La jefe de redacción Erica Meltzer es reportera de políticas educativas y supervisa la cobertura de educación de Chalkbeat Colorado Para comunicarte con Erica, escríbele a emeltzer@chalkbeat.org.
