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Las Escuelas Públicas de Denver (DPS, por sus siglas en inglés) están demandando a la administración de Trump en un esfuerzo para mantener las acciones de control de inmigración fuera de escuelas a nivel local y alrededor del país.
En una demanda presentada el miércoles ante la Corte del Distrito de EE. UU. contra el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., las Escuelas Públicas de Denver le pidieron a la corte que anulara la norma administrativa de Trump que permite que las actividades de control de inmigración se realicen en “lugares sensibles”.
El paso dado por el distrito escolar de Denver sucede al mismo tiempo que las acciones de control de inmigración se intensifican por todo el país, incluyendo redadas notorias la semana pasada en edificios de apartamentos en Denver y Aurora.
“A DPS se le dificulta cumplir su misión de proporcionar educación y servicios de vida a los estudiantes que están evitando asistir a las escuelas de DPS por temor a las acciones de control de inmigración que están ocurriendo en las instalaciones escolares de DPS”, la demanda dice.
La demanda afirma que el distrito escolar se ha visto “forzado a desviar recursos de su misión educativa para prepararse para arrestos de inmigración en las instalaciones escolares de DPS”.
En una entrevista, el superintendente del distrito Alex Marrero describió a estudiantes y padres aterrorizados que consideran a sus escuelas como lugares seguros—y a maestros angustiados a quienes les preocupa que las acciones del gobierno de Trump significará que eso ya no sea verdad.
“No podemos seguir funcionando con este temor”, Marrero dijo. Dijo que las acciones de control de inmigración sucederán, pero “el hecho de que algunas personas sienten que va a suceder en nuestras escuelas solo va a perjudicar realmente la manera como funcionamos”.
Se cree que Denver es el primer distrito escolar en el país en montar un desafío legal contra la abolición del gobierno de Trump de una norma federal que ha existido por décadas. Esta norma trata a las escuelas, las guarderías, las iglesias y los hospitales como lugares sensibles o protegidos donde las acciones de control de inmigración solo deben realizarse si existe un peligro inmediato para el público en general.
Las Escuelas Públicas de Denver también presentaron una petición el miércoles buscando imponer una orden temporal de alejamiento que instituya nuevamente la norma de lugares sensibles.
“Es a favor del interés público que las escuelas no se conviertan en lugares de caza de inmigrantes sospechados de ser indocumentados”, la petición dice.
Líderes del distrito reconocieron que sus demandas legales podrían causar que el gobierno federal se enfoque en o tome represalias contra las Escuelas Públicas de Denver, las cuales ya están sujetas a una investigación federal de derechos civiles por un baño escolar para todos los géneros. Pero dijeron que es un riesgo que vale la pena tomar.
“Los niños asustados no pueden aprender”, dijo Carrie Olson, la presidenta del consejo escolar de Denver.
Los impactos de las redadas de ICE se sienten en las escuelas de Denver, dice el superintendente
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) no fueron a ninguna escuela de Denver o Aurora la semana pasada, y tampoco ha habido reportes de agentes de ICE que hayan detenido a alguien en o cerca de escuelas alrededor del país desde que Trump tomó la presidencia.
Pero se han sentido otros impactos. En Denver, cinco autobuses escolares cambiaron de ruta el miércoles pasado debido a actividades de ICE en un edificio de apartamentos, dijo un vocero del distrito. Un maestro de una escuela cerca de los apartamentos dijo que algunos estudiantes faltaron porque ICE bloqueó a los autobuses que iban a buscarlos. Los padres de otros estudiantes los fueron a buscar a la escuela a mitad del día, el maestro dijo.
“A muchos de los niños, no los hemos visto”, dijo el maestro Matt Meyer poco después de las redadas. “Lo que me preocupa es que no ayuda a nadie que los niños no estén en la escuela”.
Cuatro estudiantes de una escuela y sus familias fueron detenidos en la comunidad durante las redadas, Marrero dijo. Cuando les permitieron una llamada, Marrero dijo que los padres llamaron a la escuela para decirles.
En otra escuela, Marrero dijo que habló con una madre cuyo esposo fue esposado por agentes de ICE en la madrugada cuando se dirigía a su trabajo. Aunque la madre logró presentar documentación que causó que los agentes de ICE lo dejaran ir, la situación la dejó conmocionada.
La madre “entró caminando [a la escuela] aterrorizada y llorando”, Marrero dijo.
Los estudiantes también estaban aterrorizados, Marrero dijo. Cuando fue a los salones vestido de traje y corbata, dijo que escuchó que algunos estudiantes dijeran en español: “‘¿Es uno de ellos?’ La manera como estoy vestido es suficiente para asustarlos”.
Cuando agentes de ICE se aparecieron en un edificio de apartamentos cercano, Marrero dijo que un estudiante le dijo al líder escolar que su madre había dicho: “¡Corran! ¡Corran a la escuela!” El estudiante llegó a la escuela jadeando y sin aliento, Marrero dijo.
“La mamá mandó a los niños al lugar seguro, el cual era la escuela”, Marrero dijo. “Pero en este momento, ni siquiera sabemos si eso es verdad”.
Grupos religiosos alrededor del país ya presentaron por lo menos dos demandas legales desafiando la revocación de la norma de lugares sensibles en relación con las iglesias. Como respuesta a una de las demandas, abogados del Departamento de Seguridad Nacional dijeron que los temores de los grupos religiosos de que sus iglesias se convertirían en blanco de acciones de control migratorio eran “hipotéticos”.
Marrero dijo que los efectos en los estudiantes, familias y empleados de DPS no son hipotéticos, aunque los agentes de ICE no se hayan presentado en las escuelas. Dijo que sería “ingenuo y negligente que esperemos a que alguien venga a nuestros edificios a sacar a un niño arrastrado”.
“Es absolutamente absurdo que tengamos que esperar a que algo suceda cuando deberíamos estar tomando medidas para prevenirlo”, Marrero dijo.
Demanda dice que la norma de Trump causa una ‘variedad de costos y daños’
Las Escuelas Públicas de Denver atienden a cerca de 90,000 estudiantes, y alrededor del 52 por ciento son latinos. A partir de finales del 2022, la ciudad de Denver observó la llegada de muchos migrantes de Venezuela y otros países, y el distrito escolar terminó el año escolar pasado con cerca de 4,000 estudiantes inmigrantes nuevos. Alrededor del 80 por ciento de esos estudiantes seguían estando inscritos este otoño, según datos del distrito.
La demanda legal afirma que la revocación de la norma de lugares sensibles ha causado una “extensa variedad de costos y daños” para el personal, los estudiantes y las familias de las Escuelas Públicas de Denver, incluyendo “al enfriar la asistencia escolar”. Dice que “la asistencia ha disminuido notablemente”, en particular en escuelas con estudiantes inmigrantes nuevos y escuelas en áreas donde las redadas de inmigración han ocurrido.
La asistencia en general en las escuelas públicas de Denver se ha reducido ligeramente desde que Trump tomó la presidencia el 20 de enero. El año escolar pasado, la asistencia tuvo un promedio del 88 por ciento, según el distrito.
La asistencia el 30 de enero, el día en que se rumoreaba que las redadas iban a empezar, fue del 84.5 por ciento, según datos del distrito. El 5 de febrero, el día que las redadas sucedieron, la asistencia en todo el distrito fue del 86.9 por ciento.
Pero la asistencia en algunas escuelas en vecindarios afectados por las redadas bajó hasta al 66 por ciento ese día, según datos del distrito. En los días que siguieron, algunos salones que normalmente tienen 35 estudiantes o más solo tuvieron hasta siete estudiantes, según dicen los documentos legales presentados.
Además, la asistencia disminuyó cuando cientos de estudiantes de high school en Denver salieron de sus escuelas el día de las redadas para unirse a una manifestación en el centro contra las políticas inmigratorias de Trump.
Marlene De La Rosa, vicepresidenta del consejo escolar de Denver, visitó escuelas el día de las redadas de ICE y dijo que escuchó a un estudiante que no había ido a clases por dos semanas por temor a las acciones de inmigración. Otros estudiantes estaban preocupados por sus amigos, De La Rosa dijo.
“El trauma de segunda mano, es muy real y es muy impactante”, dijo.
La demanda legal dice que el distrito ha gastado “tiempo y recursos significativos” estableciendo normas y capacitando al personal para responder a posibles acciones de control de inmigración en las escuelas. El distrito ha tenido que responder a reportes falsos sobre actividades de ICE en las escuelas y organizar programas de alcance comunitario para asegurar que los estudiantes y las familias se sientan seguros yendo a la escuela, la demanda dice.
Las Escuelas Públicas de Denver, como varios otros distritos en Colorado y el país, han publicado planes para el personal y las familias sobre lo que deben hacer si agentes de ICE se aparecen en las escuelas. El plan de Denver dice que el personal debe primero negarles la entrada a los agentes y establecer un perímetro seguro en la escuela, lo cual significa que nadie puede entrar ni salir.
El personal escolar debe pedirles a los agentes que muestren una identificación y preguntarles si tienen una orden judicial, el plan dice, y luego llamar a los abogados del distrito escolar. A los agentes federales solo se les permitiría la entrada si tienen una orden judicial apropiada, según dice el plan.
“Aunque se espera que el personal opere de acuerdo con estas normas, el personal no impedirá físicamente, no interferirá con ni bloqueará a un oficial del gobierno en el desempeño de sus responsabilidades”, dijo una carta de Marrero con fecha del 24 de enero para los empleados del distrito.
Las Escuelas Públicas de Denver han estado aconsejando a las familias para que actualicen la información de contacto de emergencia de sus hijos en el portal de datos del distrito e incluyan a alguien que no sea un padre o tutor y que pueda pasar a buscar a su hijo a la escuela y cuidarlo si a un padre lo detienen.
La oficina del alcalde de Denver Mike Johnston dijo que la ciudad está trabajando en un plan para tomar la custodia de cualquier niño cuyos padres sean detenidos o deportados y colocar a los niños con parientes o en custodia temporal. Johnston prometió demandar al gobierno de Trump si ordena que ICE detenga a residentes de Denver en escuelas u otros lugares sensibles.
La demanda también señala una falta de transparencia
Otras afirmaciones en la demanda legal del distrito escolar son más técnicas.
Las Escuelas Públicas de Denver alegan que un par de memorandos de enero del secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional Benjamine Huffman y del director interino de ICE Caleb Vitello no han sido publicados o compartidos públicamente. El distrito dice que la falta de transparencia hace que la revocación de la norma de lugares sensibles sea “una medida final de la agencia que ocurrió totalmente tras puertas cerradas”.
El distrito escolar también se opone al razonamiento que el Departamento de Seguridad Nacional dio en un comunicado de prensa donde dijo que la revocación de la norma de lugares sensibles permite que ICE atrape a “extranjeros criminales—incluyendo asesinos y violadores—que hayan venido ilegalmente a nuestro país” y que los “[c]riminales ya no podrán esconderse en las escuelas o iglesias de Estados Unidos para evitar el arresto”.
“El comunicado de prensa del 21 de enero no ofrece respaldo, análisis ni evidencia basados en los hechos para esta aseveración de que hay ‘asesinos y violadores’ ‘escondidos en las escuelas de Estados Unidos”, la demanda dice.
El memorando de Huffman dirige a los agentes de ICE para que usen su discreción “y una dosis saludable de sentido común”. El memorando dice que no es necesario “que la agencia cree reglas [claras y objetivas] relacionadas con dónde se permite la aplicación de nuestras leyes inmigratorias”.
Pero la demanda legal asevera que la norma federal anterior, versiones de la cual se remontan al año 1993, ya permitía el arresto por control inmigratorio en escuelas u otros lugares sensibles “bajo tales exigentes circunstancias como un violador o asesino escondido en instalaciones escolares”.
La demanda le pide a la corte que anule la norma del gobierno de Trump y bloquee al gobierno para que no la aplique “tanto de forma preliminar como permanente”, lo cual reestablecería las pautas anteriores. También le pide a la corte que ponga la norma de Trump a “disposición de la inspección pública”.
Algunos dicen que establecer las pautas anteriores es crucial porque crea una continuidad sobre cómo debe aplicarse la ley de inmigración en lugares donde las personas buscan servicios esenciales.
“Puedes tener prácticas de aplicación [de las leyes] totalmente diferentes en un lugar y otro con base en lo que piensa una oficina local en particular, o más aún, con base en lo que un equipo local o un agente individual piense”, dijo Tom Jawetz, un becario principal enfocado en políticas de inmigración en el Centro para el Progreso Estadounidense que trabajó en el Departamento de Seguridad Nacional durante la presidencia de Biden.
Traducido por Alejandra X. Castañeda
Melanie Asmar es la corresponsal jefa de Chalkbeat Colorado. Comunícate con Melanie por correo electrónico a masmar@chalkbeat.org.
